Habitantes del municipio de San Miguel Aloapam y de la agencia San Isidro Aloapam iniciaron una disputa por el aprovechamiento de tierras y maderas que se da en la Sierra Norte de Oaxaca. Los comuneros de San Isidro aseguran que sus ancestros llegaron al lugar para cuidar más de 6 mil hectáreas de bosque, que ahora no se respetan.
Miguel Cruz, vocero de la comunidad e integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), dice que desde 1947 ingresaron a San Miguel Aloapam explotadores de madera para instalar un aserradero en el bosque, situación que no compartieron los pobladores.
En un principio, explica, la gente del pueblo bloqueaba el camino para impedir el ingreso de los representantes de diversas empresas, y así evitar la tala. Sin embargo, años más tarde, las autoridades municipales negociaron la retribución económica de la siega.
Luego de la tala desmedida, el municipio de San Miguel se ha quedado sin recursos forestales y ahora pretenden entrar a la zona virgen de San Isidro. Los lugareños se han negado a que esto ocurra y ahora enfrentan nuevos conflictos con las autoridades, pues no se les reconoce como comuneros de la región.
La gente de San Isidro quiere “avanzar con toda voluntad con la de San Miguel”, pero para ser reconocidos como comuneros se pone como pretexto la autorización del “aprovechamiento forestal”.
A las personas de la comunidad se les prometió la entrega de una aportación económica a cambio del aprovechamiento, pero luego de que se permitiera la entrada a la zona, no hubo tal beneficio monetario. “Fueron puros engaños”, asegura el también activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Para obtener recursos por el aprovechamiento del bosque, los indígenas de la agencia municipal tienen que ser reconocidos como comuneros, pero las autoridades de San Miguel Aloapam aseguran que por una resolución presidencial sólo ellos están acreditados como los administradores del dinero y del bosque.
Mauricio Gijón Cernas, representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en Oaxaca, dice que en la zona zapoteca “no existe ningún conflicto agrario. Se encuentra bien definida la superficie con la cual fue beneficiada San Miguel Aloapam, con una resolución presidencial. Sin embargo, tiene al interior a un grupo de sujetos que administrativamente forman una agencia municipal, y siempre han pretendido ser reconocidos como comuneros de San Miguel Aloapam, pero éstos no ha querido, no han podido otorgarles el reconocimiento a través de la instancia competente que es la asamblea del pueblo”.
La plaga
Aunque los dos grupos manifiestan su preocupación por el cuidado del bosque, el procedimiento legal que han llevado hasta los tribunales agrarios ha dado tiempo suficiente para que una plaga de gusano descortezador acabe con la madera de los árboles de pino y encino de la Sierra Norte.
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) suspendió el permiso de aprovechamiento desde el 18 de junio, cuando se suscitó un enfrentamiento entre los pobladores, por lo que tampoco se ha podido realizar el saneamiento contra esta plaga.
El área afectada por el gusano descortezador es de 3 mil 800 metros cúbicos, aproximadamente, superficie que crece anualmente, pues en 2006 se registró el daño de 700 metros cúbicos. “Ahora ya se triplicó, es un volumen importante que de no atenderse se va a seguir extendiendo en el bosque de San Miguel, con el riesgo de que llegue a bosques vecinos”, advierte el gerente de la región Pacífico Sur de la Conafor, Salvador Anta Fonseca.
San Isidro Aloapam
“Hay un vacío de las leyes para reconocer a los comuneros de San Isidro Aloapam. Otras comunidades cercanas han querido invadir la zona porque tiene muchos recursos naturales. Pero nosotros estamos para cuidar toda esta porción de territorio”, asegura Miguel Cruz.
El integrante del CIPO-RFM, organización adherente al movimiento zapatista de La Otra Campaña, denuncia que las autoridades de San Miguel Aloapam no sólo se niegan a reconocerlos, sino que además les prohíben realizar el aprovechamiento de la madera para consumo propio.
“La gente necesita la leña para las tortillas, para hacer la comida, pero las autoridades de San Miguel, precedidas por el presidente municipal Fidel Alejandro Cruz Pablo, les manda un oficio donde dice que ya no tienen derecho a usar el bosque, porque no son sus tierras. A partir de ahí, nosotros vimos que ya era una amenaza de exterminio para San Isidro”, señala.
Asegura que existen grupos paramilitares –comandados por Cruz Pablo, apoyado por el diputado electo del Partido Revolucionario Institucional, Adrián Méndez Cruz, y por el exsecretario de Asuntos Indígenas, Cándido Vitalicio Coheto Martínez– que operan política y económicamente en contra de los habitantes de San Isidro.
“Los grupos paramilitares que hay en la zona de San Miguel Aloapam, son gente de esa misma comunidad, están metidos en el asunto de la droga y son operados por Adrián Méndez, quien les suelta recursos y alcohol. La policía del estado los asesora y les dan las armas”, asevera el vocero de la comunidad, Miguel Cruz.
Desde el último enfrentamiento, registrado el 18 de junio, los pobladores de San Isidro no pueden salir de su comunidad, ya que “paramilitares” mantienen cerrado el camino que conduce a esa población. “En ese enfrentamiento hubo dos muertos de San Miguel. Nos bloquearon el paso. Ahora, la única vía de acceso está cerrada. Este camino, que va de San Juan del Estado a San Isidro, está vigilado por dos mujeres que cuando pasa un carro lo revisan y si va nuestra gente la detienen y se la llevan a San Miguel”, dice.
Para evitar cruzar por ese retén, los pobladores de la comunidad esperan a comerciantes de otras comunidades que llegan a vender o salen a escondidas cuando es necesario.
Miguel Cruz dice que los procesos legales se han complicado para San Isidro, porque las autoridades municipales extorsionan a los representantes de las instancias de justicia. “San Miguel Aloapam compra jueces de los ministerios públicos con el recurso de la madera, hay una acción penal en contra del tesorero de San Miguel Aloapam, porque desvió recursos de la comunidad por 60 mil pesos para extorsionar a jueces”, asegura el activista de la APPO.
Hace varios años, 16 pobladores de San Isidro fueron detenidos arbitrariamente. El gobierno de Oaxaca y el federal, a través de sus instancias de justicia, levantaron una acción penal en contra de los lugareños. “Les fabricaron delitos: daños al medio ambiente; a las vías de comunicación, porque cerraron los caminos para que las empresas no saquen la madera; etcétera”.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tampoco reconocen a San Isidro y amenazan con meter ante la Procuraduría General de la República una demanda por daño ambiental, sólo por recoger la madera.
El último intento de acercamiento que hicieron los habitantes de San Isidro Aloapam con autoridades federales fue el primero de julio. Enviaron un acta al presidente de la República, Felipe Calderón con copia al gobierno de Oaxaca, aunque con éste último sólo fue por requisito, ya que dijeron que no lo reconocen.
“Al gobierno federal le dijimos que hay voluntad de diálogo por nuestra parte, aunque ellos nos desconocen. Vamos a ver si en estas instituciones hay gente honesta y honrada que piense el los pueblos indígenas. Ya pasó más de un mes y no hubo respuesta”, agrega Miguel Cruz
Ante este panorama, los habitantes de la agencia municipal de San Isidro Aloapam, realizarán las movilizaciones, que ya tienen programadas con el movimiento zapatista. El objetivo es lograr que más de 300 pobladores sean reconocidos como propietarios de las tierras ubicadas en la Sierra Norte de Oaxaca. Pretenden tomar dependencias federales a principios de septiembre. En la segunda etapa de La Otra Campaña (octubre), planean un recorrido en comunidades indígenas del sur del país, entre ellas San Isidro Aloapam.
“Necesitamos reconocernos como dueños de esas tierras. Podemos sentarnos a dialogar con el gobierno del partido que sea. Les daríamos un planteamiento y propuestas claras de cómo mejorar y cuidar el bosque”, añade Miguel Cruz.
“Esa va a ser la pelea, porque éste movimiento, más que político es un asunto de vida. El territorio está en juego, porque las trasnacionales están arrasando con nuestras comunidades, sin que haya oposición. Ni una de las organizaciones no gubernamentales ha reclamado nada. Nosotros sí vamos a meter ese tema en agenda”, adelanta en integrante del CIPO-RFM, Miguel Cruz.
Las autoridades
El representante de la Secretaría de la Reforma Agraria en Oaxaca, Mauricio Gijón Cerdas, informa que un “número de sujetos que va más allá de los 300 solicitó al Tribunal Unitario Agrario el reconocimiento como comuneros de San Miguel Aloapam, pero sólo se pudieron acreditar a 104 elementos que habitan en la Agencia Municipal de San Isidro”. Sin embargo, esto no es garantía para los habitantes de esta comunidad, pues el municipio al que pertenecen tiene que convocar a una asamblea comunitaria para que les dé ese reconocimiento.
No es un conflicto agrario, insiste el Gijón Cerdas, porque San Miguel no tiene ningún problema con su superficie, ni con sus colindantes, no se están disputando alguna superficie de tierras. “El conflicto radica en el reconocimiento que quiere San Isidro Aloapam por parte del núcleo agrario de San Miguel”.
Otro problema que existe, dice el representante de la Reforma Agraria en Oaxaca, es de carácter ambiental y “surge como consecuencia de la explotación que realiza San Miguel Aloapam de una superficie de bosque que está comprendida dentro de su resolución presidencial”. Pero esto es válido, ya que la Semarnat “les ha otorgado los permisos de explotación y de aprovechamiento forestal porque son propietarios de ese bosque”.
A partir de junio, los hechos de violencia registrados entre los habitantes agravaron el conflicto, “porque una superficie de bosque propiedad de San Miguel estaba contaminada con plaga y requería un saneamiento, que pretendía realizar San Miguel”, dice el servidor público.
La Conafor, a través del delegado regional, Salvador Anta Fonseca, informa que “las dos partes nos han dicho que están de acuerdo con que nosotros hagamos el saneamiento”. La controversia está en que San Isidro no quiere que lo haga San Miguel y viceversa.
Mientras más de 3 mil metros cúbicos de bosque localizados entre estas comunidades siguen infectadas por el gusano descortezador, y aunque las autoridades comunales de San Miguel Aloapam podrían ser sancionadas porque no han realizado el saneamiento correspondiente, el actual conflicto y el riesgo latente de un enfrentamiento los libera de cualquier multa.
El delegado de la Conafor en Oaxaca niega que exista alguna empresa trasnacional en la tala de árboles; “cada comunidad del estado tiene un permiso para el aprovechamiento de manera adecuada; básicamente están vendiéndole a empresas nacionales, no existen trasnacionales que estén comprando la madera en México”.
El funcionario lamenta que no exista un intermediario capaz de conciliar con las dos partes en conflicto. Esta situación sólo ha llevado a enfrentamientos y a prolongar la presencia del gusano descortezador que daña el bosque de la Sierra Norte de Oaxaca.
Publicado: Año 3 / Septiembre de 2007 / No. 34
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